Desde el retorno de la democracia, en 1983, son pocos los antecedentes de destituciones o expulsiones en cuerpos deliberativos de la provincia.
De hecho, en los últimos años sólo hubo decisiones del Poder Ejecutivo tendientes a intervenir algún Concejo Deliberante (como en el caso de Bella Vista, en la primera gestión de José Alperovich), o algún comisionado rural del interior (Santa Rosa de Leales y Laguna Blanca, El Chañar y Cevil Redondo, entre otros casos).
En 1999, en Famaillá, y con el "orellanismo" al frente de la Intendencia, el oficialismo expulsó de su banca al concejal radical Sergio Rojas. El dirigente siempre fue un crítico de los "Mellizos" Orellana y, tras una serie de denuncias públicas, fue destituido por sus pares. Luego, llevó la demanda a los tribunales y la Justicia le dio la razón, tras lo cual ordenó que el opositor sea repuesto en el cargo.
En San Miguel de Tucumán, en tanto, el último caso se remonta a julio de 2003, cuando 14 concejales votaron por la destitución del ex edil y por entonces intendente de la ciudad Antonio Lázaro Álvarez. El peronista había reemplazado un año antes -por decisión de sus pares- al jefe municipal electo, Raúl Roque Topa, quien había renunciado por problemas de salud y en medio de una severa crisis económica y política en la Municipalidad.
En la Legislatura, en cambio, no hay registros de expulsiones o destituciones recientes. El último antecedente de una sanción en la Cámara data de 1998, cuando la parlamentaria Jorgelina Valdez (Fuerza Republicana) fue suspendida por dos meses.
En Yerba Buena, el último antecedente de una medida extrema la tomó el ex gobernador Julio Miranda, quien decretó la intervención total de esa Municipalidad. El ex mandatario dispuso la medida el 19 de mayo de 2000: ese día depuso al intendente bussista Augusto Paz y a los concejales electos un año antes.